Condenaron a la Fiscalía por injusta privación de la libertad a un trabajador en Villavicencio

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El Consejo de Estado comunicó que la Fiscalía General de la Nación debe responder patrimonialmente, por los perjuicios causados al privar de la libertad a un trabajador de la empresa petrolera Ecopetrol en Meta, al abrir y tramitarle investigación penal teniendo conocimiento de su inocencia.

De acuerdo con el boletín de jurisprudencia No 204 emitido por la máxima autoridad administrativa del país, el señor, Luis Carlos Sánchez Celis, era responsable de la estación de producción Apiay en Villavicencio, al observar anomalías al interior del complejo petrolero dio aviso a los superiores quienes a su vez alertaron al Ejército Nacional.

El operario fue capturado por los soldados en las instalaciones de Ecopetrol Apiay por el supuesto robo del disolvente apiasol, recluido en establecimiento carcelario del 14 al 31 de diciembre de 2004, así que la Fiscalía declaró abierta la instrucción en su contra y ordenó que se escuchara en diligencia de indagatoria por el delito de hurto calificado y agravado, en concurso con el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.

La Fiscalía Segunda Especializada de Villavicencio resolvió la situación jurídica del accionante absteniéndose de imponerle medida de aseguramiento, en consideración a que en su condición de operador responsable del complejo petrolero, informó sobre la ocurrencia del hurto de hidrocarburos generando la captura de los implicados.

Por lo anterior la Fiscalía 16 Especializada del Circuito de Villavicencio precluyó la investigación a favor de Sánchez Celis, en atención a que de ninguna manera contribuyó a la producción de los delitos por los cuales fue vinculado a la investigación penal.

En la sentencia de la acción de reparación directa del 1 de febrero de 2018 la consejera ponente, María Adriana Marín, consideró que hubo daño causado por la administración de justicia, privación injusta de la libertad, existencia de falencias probatorias, diligencia de indagatoria, demora en ordenar la libertad inmediata del sindicado y existencia de la responsabilidad del Estado.

El lío jurídico tiene que ver con la existencia de falencias probatorias en el momento de ordenar la apertura de la instrucción, y durante la diligencia de indagatoria, al no valorarse la denuncia del ilícito que había formulado el propio actor.

El fallo declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Fiscalía General de la Nación por la privación irregular de la libertad de Luis Carlos Sánchez Celis, así que la condenaron a pagar a los demandantes 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes por concepto de indemnización de perjuicios morales.

Fallaron a favor del demandante las magistradas, María Adriana Marín y Marta Nubia Velásquez Rico. Hizo salvamento de voto el togado, Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Según las noticias de la época en 2 carrotanques se iban a robar 7 mil 400 galones de apiasol del complejo petrolero de Apiay, supuestamente con destino a la guerrilla de las FARC, por eso estuvieron involucrados en el ilícito otros 2 operarios y 3 guardas de seguridad.

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