Consecuencias de una justicia politizada

|   Opinion

Por: Germán Vargas Morales (*)

La idea que el país siempre tuvo de la Corte Suprema de Justicia, era la de una corporación constituida por magistrados muy sabios y respetables, del más alto nivel intelectual, ético y moral, y garantía plena para una administración de justicia transparente. Nadie dudaba de sus providencias y probidad. Se sustentaba su credibilidad.

Esa Corte Suprema de Justicia ya no existe. Primero porque desde hace un tiempo, no todos los magistrados han cumplido o cumplen con los requisitos enunciados atrás. Algunos de ellos deshonran  a su patria y al poder judicial. Y segundo, porque como resultado de lo primero es en lo absoluto imposible lograr una justicia transparente y eficaz. A este diagnóstico se hace imprescindible agregar la justicia politizada, caracterizada por la perversidad con que viene actuando. Ejemplos pululan.

 Cuando el presidente Uribe en su gobierno conformó una terna para elegir fiscal, la Corte sacó del cubilete la invención de “Terna no viable”, para dejar durante 18 meses un fiscal  encargado. Estricta conveniencia política. Esperaron hasta que llegara Santos.

Ahora en su afán contra Álvaro Uribe, de manera diligente solicitan compulsar copias contra este, para investigarlo dizque por manipulación de testigos, dando vuelta a la denuncia que por el mismo delito le formulara Uribe al senador Cepeda. No esperaron a que la misma Corte, en virtud de la doble instancia, nombrara los nuevos magistrados que deberían conocer en primera instancia el proceso contra el expresidente.

Tampoco lo llamaron ni atendieron su solicitud para rendir versión libre. No, lo citaron prontico a indagatoria, paso previo a la medida de aseguramiento. Como en el béisbol, la jugada está cantada.

La justicia politizada quiere a Uribe en la cárcel.  Y la prueba reina, es el testimonio de un paramilitar de largo historial criminal, el señor Monsalve. Pero cuidado. Hay que recordar la historia, cuando en febrero de 1944, el jefe de la oposición, Laureano Gómez, fue detenido al asistir a una indagatoria. El pueblo se levantó y en menos de 24 horas tuvo que ser dejado en libertad. Son las consecuencias de una Justicia politizada.

De una sala Penal que también se negó a procesar a Piedad Córdoba, y a investigar la FARC-política, a pesar de las contundentes pruebas encontradas en el  famoso computador de “Raúl Reyes”.

Así, el futuro no es de buen pronóstico, y Colombia debe prepararse para lo moralmente inconcebible pero realmente posible: tener al jefe de la oposición en la cárcel, y a las FARC en el Congreso de la República. ¡Qué horror! ¡Qué dolor de patria!

(*) Ingeniero Industrial M. Sc. Abogado.

En Campo Castilla dirigentes de Guamal y Acacías