Elecciones: Clientelismo y corrupción rampante

|   Opinion

Por: Eudoro Álvarez Cohecha (*)

 

Cualquier observador desprevenido pudo captar el día de las elecciones en todos los puestos de votación oleadas intimidantes de los denominados pregoneros, visibles por su origen social humilde, quienes con las camisetas, cachuchas y banderas identificando candidatos, fastidiaron a los electores con consignas, mini marchas y bullaranga sin fin durante las 8 horas que dura el evento electoral.

Camuflados con la misma vestimenta, los coordinadores daban órdenes y contraórdenes, y vigilaban celosamente que los voluntarios cumplieran con el compromiso que justificara la paga y el almuerzo respectivo.

Es claro que este tipo de actividad está prohibida por la ley, en efecto la Ley 1475 de 2011 expresa: “Artículo 53. Auxiliares o guías de información electoral. Prohíbase la contratación de personas conocidas como auxiliares electorales, pregoneros, informadores, guía y demás denominaciones, el día del debate electoral”.

De manera expresa se prohíbe la contratación de pregoneros, y ante las narices del público y por ende de las autoridades se delinque sin que estas, Procuraduría y Fiscalía, hubiesen impedido y mucho menos castigado la comisión del delito cometido in fraganti. Seguramente que el cinismo de quienes hacen este tipo de contrataciones, en medio del desempleo y el subempleo indignante que se vive en el país, los lleve a declarar que esos pregoneros eran voluntarios.

Se sabía que la gobernación y la Alcaldía de Villavicencio tenían candidatos de su predilección y decir predilección es una concesión enorme; eran los funcionarios de esas jurisdicciones quienes imponían a sus empleados la obligación de estar con el candidato oficial; no de otra manera se explica que sujetos desconocidos por su carencia de exposición ante los electores, y otro comprobadamente ineficiente en su anterior ejercicio parlamentaria, resultaran escogidos como los representantes de los metenses; llamadas telefónicas intimidantes, obligatoriedad de costear voluntarios a trabajadores nombrados en provisionalidad, denominación ilegal y clientelizada, que al máximo facilita el constreñimiento del voto del dependiente y su obligación de hacerle campaña al candidato de la gobernadora o el alcalde.

Estas prácticas no aparecen en  las contabilidades amañadas presentadas por las campañas, sin sanción por parte de un Consejo Nacional Electoral, compuesto por voceros de las mismas fuerzas políticas que deben controlar – el gato cuidando el queso - y luego se deslenguan en exaltación de una democracia basada en estas prácticas ilegales, consentidas por una legislación que no se aplica y así se conforman unas mayorías en el parlamento que legisla en contra de los mismos a quienes compraron los votos abiertamente o de manera subrepticia como el caso en comento.

El cansancio con la corrupta dirigencia política es de tal nivel que aún con ese delinquir, la mayoría de los mismos con las mismas, redujeron su participación parlamentaria; tanto el Centro Democrático como Partido de la U, Conservador y Liberal disminuyeron el número de senadores, mientras que Alianza Verde se duplicó y el Polo se mantuvo, hazaña cumplida en medio de un ambiente tan desigual como el observado.

Que no se venga a afirmar que las altas votaciones de Mockus y Robledo son prueba de la amplia democracia en que se desarrollaron las elecciones parlamentarias; estos son fenómenos destacados, pero no son de ninguna manera la regla: son exactamente lo contrario, la excepción.

Difícilmente se podrá seguir afirmando que las FARC se iban a tomar el poder y que el castrochavismo es una amenaza real; se impusieron, como era previsible, las maquinarias que han mal gobernado y se siguen haciendo reelegir. Las fuerzas alternativas que siguen en la lucha electoral que continúa con las presidenciales, deben redoblar esfuerzos y embestir contra un sistema diseñado para triunfar trampeando, y centrar la discusión en la realidad de la mayoría de los colombianos, que no es precisamente un lecho de rosas.

(*) Dirigente agropecuario.

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