En Colombia ya existe la expropiación

|   Opinion

Por: Víctor Julio García Rodríguez (*)

 

El artículo 58 de la Constitución Política de Colombia expresa: “Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio”.

De otra parte en el mandato de Juan Manuel Santos, se expidió la Ley 1882 de 2018, mediante el cual se establecen los mecanismos de expropiación de predios, con fines de utilidad pública, determinándose como actuaciones administrativas y jurídicas la negociación directa, expropiación por vía administrativa y judicial, sin que la persona sujeta de expropiación no tenga más remedio que aceptar a regañadientes tal expropiación, como lo establece nuestro ordenamiento jurídico.

Según la referida Ley si el predio a expropiar tiene su título, escritura pública o registro ante Notariado y Registro, el valor a pagar por dicha expropiación será sobre el avaluó catastral vigente del predio. Si el predio no está legalizado o no tiene título de propiedad, es decir es baldío, el valor de dicha compensación económica por expropiación no podrá ser superior al valor de una Vivienda de Interés Prioritario, así sobre este predio se haya construido un edificio.

Por último los predios ocupados y que son áreas de espacio público, como parques naturales, zonas de protección especial, fajas de carreteras, zonas de alto riesgo, ronda de caños, los afectados no tienen derecho a compensación monetaria alguna.

Caso patético sobre este último caso, lo tienen la mayoría de las personas que poseen predios en el área rural del municipio de La Macarena (Meta), que por ser una reserva natural, en cualquier momento la autoridad administrativa o judicial los pueden echar de sus fincas sin compensación alguna, según lo establecido en el artículo 58 constitucional, artículo 2018 del Código Civil, artículo 399 del Código General del Proceso, Ley 388 de 1997, Ley 1682 de 2013, Ley 1579 de 2012, Ley 1742 de 2014, Ley 1228 de 2008, Ley 1882 de 2018, entre otras.

Con fundamento en la normatividad vigente, queda demostrado que en Colombia ya existe la expropiación y no como han querido demostrar los enemigos políticos de Petro, a través del engaño y propaganda negra, que si gana la Presidencia va a expropiar predios, cuando esta situación la estamos viviendo hace muchos años.

Como lo que sucedió con el famoso UPAC, cuando una persona pagaba su casa 3 veces su valor inicial y al final perdía su casa porque la deuda era impagable, o como lo que se vivió durante 50 años, que los actores de la guerra a punta de pistola le quitaron las tierras a muchos campesinos, generando desplazamiento y nudo de miserias en las ciudades y la concentración de la propiedad de la tierra en mano de unos pocos.

Otra forma de expropiación fue la famosa Ley 1776 de 2016 o Ley de las Zidres, como instrumento que expropió los baldíos de los campesinos a través de trucos legales para evadir las restricciones legales, legalizando la acumulación irregular de predios baldíos por parte de empresas nacionales y extranjeras, causando efectos negativos en términos de concentración y expropiación de tierra, violando flagrantemente la Ley 160 de 1994, que versa sobre la posesión de baldíos por parte de los campesinos.

Como podemos observar en Colombia hace muchos años existe la expropiación de predios, pero también nos han expropiado el servicio de salud, porque pasó de ser una función social a cargo del Estado, a convertirse en negocio rentable prestado por los particulares en detrimento de la calidad del servicio médico. Nos han expropiado el derecho a gozar de ambiente sano y la preservación de los recursos naturales, para que multinacionales acaben y contaminen el agua y los recursos bióticos del país.

Y nos han expropiado el servicio educativo, prestando un mal servicio educativo, pagándole mal a los profesores y cobrando en universidades públicas a los estratos 1 y 2, cuando este servicios público, junto a la salud, corresponden al gasto público social que tiene prioridad sobre los restantes gastos, como lo establece el artículo 366 de la Constitución Política de Colombia, que entre otras cosas es de corte socialista, pero de corte socialista, no tiene sino el nombre.

Entre más se preste un mal servicio educativo, seguiremos teniendo a personas desparramadas por la ignorancia, defendiendo a corruptos y a sus opresores, que los han sumido en su pobreza.

Coletilla: Usted está en la obligación de investigar si este artículo periodístico se ajusta a las normas citadas, o si corresponde a la realidad. No trague entero, lea e investigue y si le gusto, compártalo.

(*) Profesor de Derecho Público y periodista independiente.

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