Investigación de la Contraloría por el alcantarillado de Pompeya y refinería de Villavicencio

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La Contraloría General de la República adelanta actualmente 2 procesos de responsabilidad fiscal contra el ex gobernador del departamento de Meta, Alan Jara Urzola (2012 – 2015), en los que el exmandatario ha sido llamado a responder por más de 21 mil 513 millones de pesos ejecutados durante su administración.

Uno de los procesos abierto en el mes de febrero del año en curso, por más de 9 mil 220 millones de pesos, hace referencia a los contratos suscritos por la Gobernación de Meta con la Empresa de Petróleos del Llano (Llanopetrol), para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento de Meta.

En este caso no se ha establecido el beneficio de los recursos girados por la gobernación, situación agravada por el hecho de que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en ese momento.

Además de Jara Urzola, quien en su condición de gobernador era miembro de la junta directiva de Llanopetrol, por este proceso fueron llamados a responder otros miembros de la misma, a saber:

** Luz Stella Casasfranco Vanegas: En su calidad de secretaria Jurídica del departamento para el periodo de la Administración de Jara Urzola.

** Hernando Martínez Aguilera: Entonces director de Planeación del departamento.

** Jairo Iván Frías Carreño: Secretario de Hacienda del departamento.

Los 3 en condición de integrantes de la junta directiva de Llanopetrol, y vinculados a los referidos cargos del orden departamental en Meta durante el periodo 2012 a 2015.

Igualmente fue vinculado al proceso el entonces gerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.

Gobernación dio concepto favorable al proyecto, a pesar de sus inconsistencias

La Contraloría pudo establecer que el proyecto de inversión presentado por el gerente de la empresa, y avalado por su junta directiva, “no siguió los procedimientos del ciclo de proyectos ni completó las fases y etapas previas”.

El proyecto se presentó sin los estudios mínimos requeridos para un proyecto de tal importancia, como serían: estudio de mercado (demanda, oferta y déficit), estudio legal, estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero.

Por lo anterior no existía cadena de valor que permitiera evaluar la refinería, ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si era la mejor alternativa posible.

El proyecto denominado, Elaboración de estudios y diseños a nivel de pre-factibilidad para la refinería del departamento del Meta,  fue radicado el 11 de mayo de 2012 por el gerente de Llanopetrol ante el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental (Bppid) de la Gobernación de Meta.

Es de aclarar que para la fecha de radicación del mencionado proyecto, Llanopetrol no estaba legalmente constituida, toda vez que no existía acto administrativo que estipulara su creación, y consecuentemente la existencia de un gerente.

Este hecho se confirma con la expedición del decreto de creación 00185, cuya fecha de promulgación fue el 31 de mayo de 2012, es decir 20 días después de la radicación del proyecto, por lo que el mismo carecía de toda validez jurídica.

A pesar de lo anterior la gobernación expidió concepto favorable de viabilidad técnica, económica y financiera, sin pronunciarse de manera alguna sobre las inconsistencias evidenciadas en el proyecto, y le giró a Llanopetrol 18 mil millones de pesos, de los cuales 9 mil 220 millones de pesos eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento.

Según lo manifestó el equipo de la Contraloría: “Del análisis de los antecedentes, de los soportes del proyecto y su correspondiente ficha metodológica, conjuntamente con la verificación de la contratación suscrita por Llanopetrol, se evidencia que el proyecto de Refinería del Meta no es el resultado de un análisis deductivo de alternativas para mejorar el crecimiento industrial de Meta, que sería el problema a solucionar y se ajustaría más a un proceso de tipo inductivo, en el cual se desea hacer la refinería (…)”.

Con relación a la cuantía del proceso (9 mil 220 millones de pesos), se determinó que la suma “Corresponde a los giros que efectuó la Gobernación del Departamento del Meta a Llanopetrol correspondientes a regalías del régimen anterior y margen de comercialización, sin que hasta la fecha se haya materializado un fin material de los recursos públicos para la población metense”.

Jara debe responder por obras inservibles

Otro de los procesos contra el ex gobernador de Meta, Alan Jara Urzola, iniciado en abril del año pasado, se relaciona con los recursos ejecutados por su Administración con ocasión del convenio suscrito para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, mediante la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los recursos del convenio fueron aportados por la Gobernación de Meta y Ecopetrol, ejecutándose a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta (Edesa S. A. E. S. P.).

La Contraloría pudo establecer que las obras no fueron terminadas al ciento por ciento, según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó la totalidad del precio acordado.

La obra en su momento no contaba con el permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, así como tampoco con la planta de tratamiento de aguas residuales.

En este proceso la Contraloría estimó la existencia de daño patrimonial en cuantía superior a 12 mil 293 millones de pesos, por la inversión ineficiente de los recursos, donde las obras ejecutadas no prestaron un servicio real a la  comunidad.

Así lo dispuso la decisión de la Contraloría donde señaló: “Edesa S. A. E. S. P. recibió recursos por la suma de $12.261’694.908 (…) para la ejecución del contrato de obra 531/2011 el cual contemplaba como objeto contractual la Construcción Alcantarillado Pluvial, Alcantarillado Sanitario y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la vereda Alto Pompeya, municipio de Villavicencio”.

Agregó: “Solamente se entregaron redes de alcantarillado pluvial y sanitario parciales respecto a la comunidad que debía beneficiar y sin prestación de servicio alguno, por cuanto no existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”.

Además del exgobernador, Jara Urzola, fueron llamados a responder los ex gerentes de la Empresa de Servicios Públicos de Meta, José Edgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, así como el también ex gobernador metense, Darío Vásquez Sánchez (2008 – 2011).

Igualmente se encuentran involucrados al proceso, Héctor Andrés Castro Rey y Marilú Pulido Ramírez, en calidad de gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado  de Villavicencio; el contratista del proyecto, Fernando Alonso Rojas Rincón y las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos (Coinar Ltda.) e Ingecol S. A., representadas legalmente por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, junto con los funcionarios administradores y gestores del convenio.

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