Mala educación y elecciones en Colombia

|   Opinion

Por: Sérvulo Velásquez (*)

 

En épocas postelectorales abundan los análisis acerca del proceso, resultados, causas y consecuencias, desde diversas perspectivas de las ciencias sociales y medios de comunicación, sin embargo, no es muy usual hacerlo a partir de la relación entre educación y comportamiento del electorado, y es un poco lo que voy a intentar en seguida.

Para ello abordaré -grosso modo- temas tales como la formación del ciudadano, el derecho fundamental a la educación, y la incidencia de las políticas públicas sobre estos, para concluir con el llamado a una ciudadanía activa que transforme el actual estado de cosas.

La pregunta pedagógica fundamental

¿Qué tipo de hombre educar y para qué clase de sociedad? A riesgo de caer en la simplificación, se podría aventurar la respuesta: El fin supremo de la práctica social de la educación consiste en la formación del ciudadano para una sociedad democrática.

La democracia moderna y contemporánea, en tanto que proyecto político en permanente construcción -en amplitud y profundidad-, requiere para su concreción ciudadanos con mayoría de edad kantiana, libres, autónomos, críticos, responsables, pluralistas, tolerantes y dispuestos a participar en los asuntos públicos. En otras palabras: personas productivas en lo económico, participativas en lo social y autónomas y responsables en lo ético-político.

Con buenas razones el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia, prescribe que en todos los establecimientos de educación se estudie su texto y que se imparta instrucción cívica.

Y es ahí donde surge otro interrogante no menos importante, ¿Las políticas públicas oficiales están formando al ciudadano colombiano de acuerdo con esas exigencias mínimas? El Estado, por presión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), entre otros, ha optado por el modelo de formación por competencias, en un claro empeño de adecuación funcional del sistema educativo a los nuevos requerimientos de la producción, el mercado mundial, la globalización y el control social.

Sin embargo aún en la misma lógica de formación por competencias, se ha presentado el sesgo que privilegia esquemas instruccionistas (adiestramiento y entrenamiento), en detrimento de aspectos estrictamente formativos relacionados con la participación social y la dimensión ético-política.

Es decir: Se ha puesto el énfasis en las competencias técnicas (formación para el trabajo) en perjuicio de las competencias básicas (formación para la vida), orientadas al desarrollo de capacidades para el desempeño social, cultural y político, en un contexto regido por principios y valores seculares compartidos.

Dentro de esas competencias básicas merecen especial mención las relacionadas con la lectura comprensiva de todo tipo de textos y la correcta escritura, con mayor razón en tiempos de revolución informática.

La educación: ¿Derecho o privilegio?

A los educadores todavía entusiasmados con el movimiento pedagógico de los años 80, nos gustó mucho la consagración de la educación como un derecho social en la Constitución de 1991 (Artículo 67), sin advertir que a renglón seguido se le daba también el carácter de servicio público, con lo que se allanó a la final el camino para la creciente privatización que se daría en los años posteriores.

El derecho es exigible jurídica y políticamente, mientras que por el contrario, el servicio es transable de acuerdo con los medios económicos del usuario, y en una sociedad tan inequitativa como la colombiana termina reforzando los privilegios de los más favorecidos.

Tal dualidad hace que en nuestro país no haya un solo sistema educativo sino dos, y eso desde el preescolar hasta la universidad: mala educación, en cuanto a la calidad, para los pobres, y otra de buena calidad para los ricos.

En este sentido algunos científicos sociales hablan de un apartheid educativo, es decir, la muralla inexpugnable como la del régimen racista de Suráfrica, que separa a quienes reciben buena educación y quienes han de resignarse a una mala.

Como dice, Juan Gabriel Gómez Albarello: “La política educativa en Colombia relevó al Estado y la sociedad de darle a todos los individuos un mismo punto de partida”.

Tal hecho, por supuesto, va a tener graves consecuencias en todos los órdenes de la vida inclusive el comportamiento electoral. El mismo autor señala a vía de ejemplo: “Los estragos que causa la difusión de noticias falsas son mucho mayores en una sociedad como la nuestra, en la cual solo una minoría parece tener el suficiente discernimiento para identificar una mentira como tal, no importa cuántas veces haya sido repetida en los medios o en las redes sociales”.

El profesor, Julián de Zubiría, llamó la atención acerca de los resultados del plebiscito por la paz del 2 de octubre de 2016, como consecuencia del fracaso del sistema educativo en algunos de los temas abordados en esta columna.

Siendo excelentes los resultados alcanzados por los sectores de centro-izquierda, el pasado 17 de junio, en la segunda vuelta entre Petro y Duque, pienso yo, hubieran podido ser superiores aún con una ciudadanía mejor informada, más empoderada, más consciente de sus derechos, y con mayor formación política.

A manera de conclusión

Sigue pendiente la promesa liberal de una educación de veras laica, obligatoria y gratuita, con predominio de la pública, que forme al ciudadano en la democracia y para la democracia, y no se obtendrá sin organizaciones sociales de base y grandes movilizaciónes populares, que nos permitan hacer el tránsito del país formal al país real que anhelamos: en paz entre nosotros y con la naturaleza, libre, incluyente, equitativo, justo y próspero.

Nota: Sería injusto no reconocer la labor de muchas instituciones y muchos educadores, en contravía de las políticas educativas públicas y sus aportes a las transformaciones necesarias.

(*) Pedagogo.

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