Consulta popular de infarto

La Tabla, por: Néstor Restrepo Roldán (*)

 

El domingo 4 de junio se efectuará en Cumaral (Meta) una consulta popular, que permitirá o no permitirá, la ejecución de actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria y producción de hidrocarburos en sus 618 kilómetros cuadrados. Será una decisión trascendental porque señalará la importancia que tiene la riqueza hídrica de la cordillera Oriental para toda la Orinoquia.

De la decisión que tomen los cumaraleños afectará, para bien o para mal, los cuidados y defensa que debemos tener en todo el trayecto de la cadena geográfica que nos separa del resto del país.

Mediante las sentencias C-035, C-273 y T-445 de 2016 la Corte Constitucional respaldó las decisiones de los entes territoriales que pretendan restringir, vetar o prohibir parcial o completamente las actividades mineras en Colombia. Esas decisiones respaldan la importancia que tiene la propiedad privada, ya que el suelo está por encima del subsuelo, que por régimen de propiedad le corresponde al Estado y aprovechaban para amedrentar a campesinos y propietarios ingenuos que asustados permitían la perforación en sus terrenos.

Así la minería sea una actividad de “utilidad pública y de interés social”, los recursos naturales deben ser protegidos y defendidos por las comunidades que habitan determinadas regiones, eso es soberanía, de lo contrario para los “dueños del poder”, lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta. Hoy en día el respeto se impone, la dignidad se aplica y las comunidades tenemos que protegerlos y defenderlos.

Tenemos valiosos ejemplos de la fuerza que tiene la sociedad civil para esos asuntos: Primero fue Santurbán en Santander, luego Tauramena (Casanare), posteriormente Piedras (Huila), hace poco Cajamarca (Tolima) y ahora le corresponde a Cumaral en Meta.

La minería es una actividad legalmente permitida, pero debe realizarse en sitios donde no incomoden ni a la naturaleza ni a las comunidades, en este caso la cordillera Oriental es un elemento geológico que todos los llaneros estamos llamados a defender, porque de ella depende la riqueza hidrográfica de nuestro vasto territorio. Ni la cordillera Oriental, ni la sierra de la Macarena pueden ser “tocadas” para exploraciones mineras.

Que la explotación de un recurso natural no renovable le cree al Estado una contraprestación económica a título de regalía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 360 de la Constitución Nacional, no es para que sin respeto ni consideración se afecten otros recursos, aún más importantes, como lo es el agua.

Ya hemos visto las condiciones de merma que presentan en sus caudales los antes impasables caños, quebradas y ríos existentes desde Villavicencio hasta Arauca.

Que los contratos suscritos por el Estado colombiano para la explotación de recursos naturales, generación de energía y construcción de infraestructura hayan sido firmados por personas jurídicas extranjeras protegidas por tratados de inversión no nos deben asustar, porque el contrato que nosotros hemos firmado como hijos de esta tierra es para quererla, amarla, respetarla y defenderla, de tal manera que la disfruten nuestros hijos y sus generaciones.

En el Llano el miedo no existe. El agua es nuestra vida.

(*) Dirigente cívico.

 

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