Penas severas para delitos sexuales contra menores deben mantenerse en la JEP

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Frente a las posturas que señalan la improcedencia de la propuesta aprobada en la plenaria del Senado de la República y que se discutirá en la Cámara de Representantes, que tiene por objeto excluir de cualquier tipo de beneficio a los actores del conflicto que hayan estado involucrados en actos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la senadora, Maritza Martínez Aristizábal, planteó serios cuestionamientos frente a la viabilidad de continuar el trámite del proyecto de ley de la Justicia Especial para la Paz (JEP) en los términos propuestos por el Gobierno Nacional.

De acuerdo con la congresista de La U y autora de la proposición, el doble estándar para la investigación, sanción y juzgamiento que se pretendía establecer, antes de que se acogiera en la iniciativa, no tiene ninguna clase de sustento debido que no es clara la conexidad existente entre la comisión de delitos sexuales tan aberrantes como las violaciones, el aborto o la esterilización forzada en menores de edad y el conflicto armado interno.

“Estamos pidiendo que se apliquen las penas que hoy en día se encuentran en el Código Penal, que contemplan, para el delito del acceso carnal violento contra un menor de edad, las penas van de 16 años a 30 años de prisión, y no las alternativas que se consagran en la JEP, las cuales van de 4 años a 8 años de prisión”,

Agregó la senadora que no se considera jurídicamente procedente que se juzgue de manera benevolente esos execrables hechos, por haber sido cometidos durante el conflicto, y se configuren delitos de primera y de segunda categoría en materia sancionatoria.

“Ambos son igualmente reprochables y dolorosos, no sólo para las víctimas, sino para todo un país”.

De eliminarse la propuesta aprobada por el Senado, se estaría incurriendo en doble victimización para los menores.

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica existen más de 15 mil víctimas registradas por agresiones en contra de su integridad sexual; de ese número más de 5 mil han sido menores de edad.

Que se apliquen las penas del Código Penal entre 16 años a 30 años de prisión, y no las alternativas que se consagran en la JEP, las cuales van de 4 años a 8 años de prisión.

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