En firme fallo fiscal por 2 mil 822 millones de pesos contra Martha Inés Gonfrier

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La Contraloría General de la República confirmó y dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por monto indexado de 2 mil 822 millones de pesos, en contra de la ex gobernadora de Casanare, Martha Inés Gonfrier Sarmiento; la ex directora de la oficina de Vivienda Departamental, Jenny Consuelo Barrera y las firmas C. I. Desarrollo Territorial S.A. y corporación de proyectos G. P. Corporation.

El fallo se origina en la pérdida de recursos correspondientes a las regalías petroleras del departamento de Casanare, destinados a subsidiar la construcción de 306 viviendas, a través del proyecto de vivienda de interés social Torres de Santo Domingo en el municipio de Yopal.

En decisión del 16 de noviembre de 2017, el contralor General de la República, Edgardo José Maya Villazón, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia del 1 de septiembre de 2017, proferido la Contraloría Delegada Intersectorial N° 13 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción.

El fallo cobija la responsabilidad fiscal solidaria de la exgobernadora, Gonfrier Sarmiento, y para el momento de los hechos a quien era la directora de la oficina de Vivienda del departamento, Jenny Consuelo Barrera.

También para las firmas C. I. Desarrollo Territorial S. A., representada por Julián David Rendón Montoya, en calidad de cogestor contratista, y de la corporación Gerencia de Proyectos G.P. Corporation, representada por Raúl Antonio Granados Rojas, como firma interventora.

Hechos investigados y responsables

Los hechos investigados se relacionan directamente con la ejecución del convenio No 0082 de 2010 celebrado el 26 de noviembre de 2010, por la Gobernación de Casanare con la empresa C. I. Desarrollo Territorial S. A. y la  junta de vivienda Santo Domingo, por valor de 9 mil 998 millones de pesos, de los cuales 4 mil 560 millones de pesos fueron transferidos por la Administración seccional para subsidiar la construcción de esas viviendas de interés social.

En cumplimiento del convenio el departamento giró los recursos a la cuenta de manejo especial No 220-252-15495-0 del Banco Popular. El 2 de noviembre de 2011 como anticipo se autorizó con la firma de la directora de la oficina de Vivienda, Jenny Consuelo Barrera, la transferencia de 2 mil 280 millones de pesos a la cuenta 25211028-0 abierta en el mismo banco a nombre de la sociedad C. I. Desarrollo Territorial.

Los 2 mil 280 millones de pesos no fueron invertidos por la sociedad en el objeto contractual acordado, situación que no fue advertida por la interventoría contratada por la gobernación, por lo que se perdieron los dineros entregados como anticipo proveniente de las regalías petroleras y pertenecientes al erario.

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