Negocio o negociado

|   Opinion

Por: Eudoro Álvarez Cohecha (*)

 

Vencido el contrato de concesión del alumbrado público de Villavicencio, otorgado desde 1998, en la alcaldía de Hernando Martínez Aguilera (1998 – 2000), de una favorabilidad sospechosa para  el concesionario, se daba una oportunidad para que el municipio corrigiera errores y se diera una fuente de ingresos adicional para un presupuesto como el de la capital del Meta, siempre insuficiente para resolver las múltiples carencias que se padecen en su jurisdicción.

La propuesta presentada por el alcalde, Wilmar Barbosa, y su equipo de gobierno, no coincidió con el aprovechamiento de esa oportunidad. Aunque el concejo la votó afirmativamente, en forma abrumadoramente mayoritaria, el concejal del Polo, Felipe Harman, la votó negativamente, mientras Héctor Cuéllar, de Ciudadanos por el Meta, se abstuvo retirándose del recinto y advirtieron sobre posible detrimento  del patrimonio municipal.

La voz de alerta, despertó a la ciudadanía y el Comité Cívico  de Villavicencio, encabezado por Luis Fernando Sánchez Florián y Néstor Restrepo, la veeduría “alumbrado público de Villavicencio” liderada por el ingeniero, Efraín Mojica, y un grupo de jóvenes ciudadanos coordinado por David Mora, adelantaron la revisión del proceso, encontrando serias inconveniencia en la propuesta del alcalde, plasmadas en el acuerdo 368 de finales del año pasado.

Es de resaltar la heterogeneidad política de quienes se dieron a la tarea de defender el interés público en esta controversia. Perdida la batalla ante el ejecutivo y legislativo municipales, se traslada al poder judicial la polémica sobre el indecoroso desaguisado.

Finalizada la concesión, el 100% de los bienes del alumbrado, son del municipio, valorado en 76.000 millones de pesos; la concesionaria, según el contrato que caduca, debe entregar modernizado el sistema de iluminación; es evidente que hay un incumplimiento, y el alcalde  debería reclamar y no lo ha hecho, pecando por omisión, pues se entiende que debe, es su función, velar por el interés del municipio que administra.

En desarrollo del acuerdo aprobado por las mayorías del Concejo Municipal, se implementó una  propuesta, sospechosamente delineada para favorecer específicamente al dueño de la empresa, que finalizó la concesión en diciembre del año anterior.

Contra toda lógica y conveniencia se busca crear una empresa mixta, en la que el municipio, poseedor ya del 100% del alumbrado, cede el 49% a un privado y en la propuesta a desarrollar, el privado por una autorización absurda terminaría   manejando la futura empresa; al determinar que la mayoría dentro de la asamblea de la empresa proyectada será solo si se juntan el 70% de las acciones, propiciando de hecho el poder de veto del accionista minoritario.

La ñapa para el futuro socio, es que el dinero para modernizar el alumbrado lo  presta él, y se le devolverá en su totalidad en el futuro; para extrañeza de quienes analizaron los términos de la propuesta, el nuevo socio  sería el mismo señor Vélez, dueño de la concesión que expiró después de 20 años de pingue usufructo.

Un estudio, que le costó al erario municipal 712 millones de pesos, fue el sustento del alcalde en el concejo, para justificar  la propuesta, que resultó ser de un hombre del equipo del dueño de Iluminación Villavicencio, empresa beneficiaria del contrato expirante. Cálculos conservadores privarían al erario municipal de un billón de pesos en los próximos 20 años.

La acción popular, que tiene como demandante al economista y profesor universitario, David Mora, en representación del colectivo de ciudadanos en defensa del alumbrado público, provoca fallo del Juzgado Segundo Municipal, que determina medidas cautelares, suspendiendo el acuerdo 368 y  ordenando que cese el proceso liderado por la alcaldía, encaminado a  la escogencia del nuevo socio, excluyente del empresariado local, sesgado torticeramente para  favorecer al viejo socio como beneficiario de una sociedad planteada en franca desventaja para el municipio.

Este logro inicial, propicio para la comunidad, es parcial y debe ser vigilado acompañado hasta que se obtenga una decisión definitiva, pues  el alcalde prontamente apeló y persiste en su empeño contrario a los intereses ciudadanos.

Las tarifas de energía, son parte del costo país, condición para la competitividad de las empresas locales y en el camino propuesto por el alcalde y las mayorías del concejo, se renuncia en favor de un negociante privado, para colmo foráneo, al manejo  de un componente clave en la determinación de los costos de las empresas nativas.

Los partidos políticos que eligieron al alcalde y a los concejales - incluyendo a los que se hicieron elegir como alternativos - que votaron este sinuoso acuerdo municipal, le deben una explicación a la ciudadanía; la responsabilidad política debe ser asumida, pues quienes tomaron esta decisión y encaminaron su voto en franco detrimento para el municipio,  si actuaron a título personal, las colectividades a nombre de las que ejercen la función pública, están en la disyuntiva ética de callar y otorgar o pronunciarse e incluso censurar y cuestionar a sus voceros, quienes persisten en su posición y se rasgan las vestiduras cuando se cuestiona su conducta a todas  luces oscura para la ciudad.

La ciudadanía debe estar atenta, pues ya en el proceso electoral, en el que se elegirá el nuevo Concejo Municipal en octubre próximo, andan muy acuciosos, quienes así actuaron contra el interés general, hacen esfuerzos para regresar y francamente no merecen que se les refrende la credencial con antecedentes tan poco edificantes.

(*) Dirigente agropecuario.

 

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