A fallo la demanda de pérdida de investidura contra los diputados de la Asamblea de Vichada

Created by Juan Agustín Santos Cedeño | |   Noticias

 

Los diputados de la Asamblea Departamental de Vichada fueron citados al Tribunal Administrativo del Meta para la audiencia por la demanda de pérdida de investidura, ya que los culpan de aprobar la ordenanza 019 del 30 de noviembre de 2016, favoreciendo al contratista del Plan de Alimentación Escolar, además sin justificación legal quedó exonerado del pago de la estampilla pro adulto mayor causando detrimento patrimonial del departamento.

Durante la audiencia de alegatos de conclusión contra 10 de los 11 diputados vichadenses, el procurador, Víctor Januario Hoyos Castro, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda porque no se hizo análisis integral del impacto fiscal que ocasionó la exención del cobro de la estampilla pro adulto mayor.

En el evento de que los asambleístas hayan procedido de manera irregular, no se configura la pérdida de investidura por ser disposición de naturaleza disciplinaria, y de manera subjetiva no se encuentra que haya mala intención ni tampoco se observa que se dé una conducta susceptible de penalizar.

Agregó que en algunos apartes del sustento para modificar la ordenanza 019 del 30 de noviembre de 2016, los diputados argumentaron que había dificultades para conseguir el contratista que asumiera la responsabilidad del Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Para la Procuraduría no existe análisis de culpabilidad, o pruebas directas o indirectas que supongan algún interés en específico, o una actitud sospechosa y caprichosa de los diputados.

Al intervenir los demás sujetos procesales, el abogado, Carlos Andrés Ormaechea Barrero, en calidad de representante del demandante, Gerardo Royero Guerrero, reiteró la solicitud al Tribunal Administrativo del Meta que declare la pérdida de investidura de los diputados: Andrés Fernando Aguirre Osuma, William Azabache Araca, Andrés Fernando Duque Cárdenas, Aleida Forero Fernández, Sirelda López Hernández, Luís Alejandro Gaitán, Fredy Naranjo Gaitán, Libardo Rincón Gaitán, Eder Yesid Ríos Cudemus y José Aureliano Rodríguez Catimay.

Consideró que los asambleístas desbordaron sus competencias legales y constitucionales al modificar la ordenanza, con las suspensión del cobro de la estampilla pro adulto mayor y Centros Vida de la tercera edad, para que la Gobernación de Vichada contratara en 2017 el Plan de Alimentación Escolar.

Luego de haberse otorgado el contrato a quien lo está ejecutando, la ordenanza volvió a cobrar vigencia en 2018 y actualmente el departamento cobra la estampilla pro adulto mayor.

Agregó el abogado que se suprimió el cobro por iniciativa del ejecutivo seccional, porque consideró que de esa manera rendiría el presupuesto para ampliar las raciones alimenticias a más niños en todo Vichada.

Insiste en que los diputados omitieron la responsabilidad en exigir a la Administración la figura en la que sustituirían los dineros dejados de percibir, únicamente por el año en que se dejó de cobrar ese gravamen.

Aseveró que con la actuación de la Asamblea, el único favorecido fue el contratista que mejoró su patrimonio al quedar exonerado del pago de la estampilla, y calificó de ilógico, ya que con el tributo lo que se busca es incrementar los ingresos para el departamento y no que disminuyan.

Independientemente si acata o no el concepto de la Procuraduría, el magistrado sustanciador, Carlos Enrique Ardila Obando, será quien presente el proyecto de fallo que luego será discutido por los demás magistrados integrantes de Sala Plena y se produzca la sentencia que corresponda.

Los magistrados que actuaron en la diligencia fueron: Héctor Enrique Rey Moreno, Teresa de Jesús Herrera Andrade, Claudia Patricia Alonso Pérez, Nelcy Vargas Tovar y Carlos Enrique Ardila, quien además de ser el ponente, es el actual presidente del Tribunal del Meta.

Se estima que el fallo se estará emitiendo a mediados de noviembre.

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