Lucha justa con resultados injustos

|   Opinion

Por: Germán Vargas Morales (*)

 

La justa lucha que han venido gestando los estudiantes de educación superior durante varias semanas, hasta ahora solo vislumbra resultados un poco injustos, tanto para para ellos como para el gobierno de Iván Duque al cual reclaman.

Para los primeros, porque aún no han logrado los mal formulados objetivos que se propusieron, al plantear la crisis exclusivamente desde el punto de vista económico, cuando el problema de la universidad colombiana es más estructural y de fondo que la consecución de unos pesos.

Pueden ser estos, muchos o poquitos, pero que, de paso como en el resto del país, corren la misma suerte de la corrupción casi subrepticia y sin el debido control oficial, a través de la contratación privada, que por ley rige para la universidad pública.

Los escasos recursos de estas entidades de educación no son manejados con el criterio de optimización debido, ni con los controles propios para blindarla de ese cáncer letal que invade a Colombia y del cual la universidad no es ajena.

Este tema es uno de los tantos que debería hacer parte de la reingeniería estructural, que como la calidad, la deserción, la pertinencia, el sistema electoral interno que avanza en muchas instituciones con peores vicios y consecuencias que en el campo nacional, la revisión profunda y urgente de la Ley 30 de 1992, enmarcada en una política a largo plazo sobre la universidad que se desea, la innovación, la investigación y demás, requieren las Instituciones de Educación Superior.

Parodiando a Juan Lozano, lo reafirmo como decano y profesor en la universidad pública por algunos lustros.

 Lo que sí ha logrado la justa lucha de los estudiantes, es la pérdida del semestre, con los altos costos de oportunidad para ellos y sus familias. ¿Cuánto ha dejado de ganar como profesional durante un semestre, quien no pudo graduarse a tiempo?  ¿Cuánto sus padres que con sacrificio han cubierto los gastos de un semestre perdido?

Y eso sin mencionar los cuantiosos costos que representan para la universidad su inactividad académica, administrativa y los ingresos propios dejados de generar.

Por el otro lado, es injusto con el gobierno del presidente Duque, que a tan solo tres meses de su posesión, le exijan solucionar, y de qué manera, un problema heredado, y con varias décadas de incubación y desarrollo. Aun así, ha logrado establecer para el 2019 el presupuesto para educación más significativo que se haya conocido.

Para la educación superior se ha ofrecido, en medio de un déficit fiscal heredado de 14 billones de pesos, un incremento para la universidad pública que equivale al IPC + 3.5% para el 2019, +4.0 para el 2020 y 2021, y + 4.5 para el 2022, cifras que significan un punto porcentual adicional a lo pactado con los rectores.

Desde luego que estos incrementos no son suficientes para cubrir la deuda histórica que se ha acumulado a través del  tiempo y sucesivos gobiernos, pero han demostrado la voluntad del presidente y su ministra de Educación para empezar a saldar esa deuda gigante, que aún con su pago total en el futuro, no cubre el sueño de una universidad pública de alta calidad y suficiente cobertura para garantizar la equidad y el progreso.

Ningún presupuesto es suficiente para la educación y el conocimiento. Pero el problema no es solo de dinero.

(*) Ingeniero Industrial M. Sc. Abogado.

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