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En peligro sector constructor del Meta, advirtió la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol)

 

Actualmente la coyuntura de Covid-19 ha impuesto retos al sector de la construcción, principalmente en el retorno de actividades en las obras. Actualmente en la región el 79% de los proyectos ha reanudado obras, inicialmente con las adecuaciones para cumplir los protocolos de bioseguridad que garanticen la protección a los trabajadores, para continuar con el ciclo de construcción y terminarlos.

Esta reactivación deja como balance que más de 1.800 personas retornaron a sus empleos, demostrando la importancia del sector en la generación de puestos de trabajo, sin embargo, a la coyuntura actual de la pandemia que está generando la recesión económica mundial, se le suma la preocupación del sector frente al incremento del pago de impuestos para poder sacar licencias de construcción, exactamente con el pago de la estampilla Unillanos y el impuesto de delineación urbana.

La estampilla Unillanos: se pagó por más de 10 años con la base gravable de la licencia de construcción, hoy por interpretación jurídica de la ordenanza departamental se está liquidando de acuerdo a la base gravable del presupuesto de obra.

Eso automáticamente generó el incremento para el pago de 1000 a 3000 veces el valor del impuesto, algo que se sale de todo contexto, volviéndose una barrera para la reactivación económica del sector en Villavicencio, que venía abriéndose gradualmente, de forma ordenada y responsable.

Este sector que encadenada el 54% de los sectores productivos, genera cerca de 19 000 empleos, y por actividades inmobiliarias unas 5000 en la capital metense, para el total de 24 000 empleos, que no van a recuperarse con estos altos costos tributarios.

Impuesto de delineación urbana: todos los ciudadanos debemos pagar al momento de solicitar una licencia de construcción en cualquier de sus modalidades, sea obra nueva, demolición, encerramiento, entre otras. En los últimos dos años subió su tarifa para la liquidación en promedio 64%, impactando de manera considerable el bolsillo del ciudadano del común y los proyectos inmobiliarios que impulsan el desarrollo de la ciudad.

De acuerdo al comparativo realizado por la Cámara Colombiana de la Construcción seccional Meta (Camacol Meta) con las ciudades de Ibagué, Tunja, Pereira y Neiva, la tarifa para liquidación de este tributo en algunos estratos supera hasta 3.800% respecto a Villavicencio.

Lo anterior constituye el aumento de la incertidumbre en materia económica y jurídica, poniendo en peligro la recuperación del sector de la construcción, trayendo como consecuencia que en el corto plazo “se podrían dejar de construir más de 210 000 metros cuadrados en unos 21 proyectos constructivos, que contienen alrededor de 3000 unidades de vivienda y generarían aproximadamente 2500 empleos directos, más los puestos indirectos que se crean por el alto encadenamiento productivo del sector.

Por ejemplo: por cada aumento de un peso ($1) en la demanda por edificaciones, ocasiona después de todos los efectos hacia atrás, el impacto de tres pesos ($3) en el producto de la economía, es decir, por cada millón de pesos invertido en la construcción de edificaciones, se generan 3 millones de pesos en la economía, que es el efecto multiplicador de la inversión en el sector.

Las administraciones locales están en un momento de tensión por las crecientes demandas sociales y económicas que representa la pandemia, por ese motivo es vital la cooperación y trabajo equipo con el sector privado, con el fin de crear una política articulada en los territorios, alineada con la nacional, para atender y reconocer la coyuntura actual permitiendo el impulso de sectores con altos encadenamientos productivos como la construcción que pueden generar un efecto rebote importante en la generación de puestos de trabajo y en general en el clico económico de las ciudades en el mediano, corto plazo y largo plazo.

(*) Abogada. Gerenta seccional de Camacol Meta.