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Problemas en proyectos ejecutados con regalías en el Meta

 

Fueron 9 hallazgos administrativos con presunta connotación fiscal por valor de 54 320 millones de pesos que encontró la Contraloría General de la República (CGR), en la Actuación Especial de Fiscalización a proyectos financiados con recursos de regalías, que contrataron la Gobernación del Meta y algunos municipios de este departamento.

Los hallazgos más representativos están relacionados con el mejoramiento del Coliseo Alan Jara Urzola, en el municipio de Granada (16 409 millones de pesos); el proyecto de construcción de la Torre Mirador, en Puerto López (16 180 millones de pesos); y el proyecto de vivienda prioritaria, en Acacías (12 004 millones de pesos).

Por los menos cuatro proyectos objeto de la actuación fiscal de la CGR fueron incluidos en la estrategia de control fiscal participativo Compromiso Colombia, con la cual ese organismo de control busca destrabar la ejecución de proyectos que presentan complicaciones, para que puedan ser concluidos.

Por incumplimiento de las entidades y contratistas comprometidos, no fue posible concretar la finalización de obras como la construcción de la Torre Mirador, en el municipio de Puerto López, y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR segunda etapa, que beneficiaría a la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, por lo que en cada uno de estos casos se configuraron hallazgos fiscales.

Vivienda prioritaria sin agua potable

La Contraloría General de la República determinó el hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por valor de 12 004 millones de pesos, por las irregularidades detectadas en un proyecto de vivienda de interés prioritario impulsado por la Gobernación del Meta y financiado con recursos de regalías.

El hallazgo tiene relación con el contrato de obra 191 de 2017, celebrado entre la Gobernación del Meta y la Unión Temporal San José, cuyo objeto era la construcción de 220 unidades de vivienda para población vulnerable ubicadas en el municipio de Acacias, en la urbanización denominada Nueva Jerusalén.

Durante el proceso auditor realizado por la Unidad de Seguimiento y Auditoría de Regalías de la CGR, se evidenciaron deficiencias relacionadas con las condiciones mínimas de habitabilidad en las torres de apartamentos construidos.

En la visita técnica que adelantó la comisión de auditores de la Contraloría, se hicieron evidentes las demoras en la ejecución del proyecto, pues inicialmente se pactó el plazo de 12 meses y la ejecución real del contrato fue de 21 meses, finalizando efectivamente el 9 de agosto de 2019,

A la fecha, según el acta de recibo final de la obra, el proyecto finalizó sin contar con acabados de las zonas comunes, alumbrados exteriores, tanques subterráneos para almacenamiento de agua potable, sistemas de bombeo y obras de urbanismo (andenes, sardineles y carpetas asfálticas).

La ausencia de tanques subterráneos para almacenamiento de agua potable y de sistemas de bombeo impide la llegada de agua a los apartamentos, afectando con ello las condiciones de habitabilidad mínima exigidas por las normas en la materia.

Se pudo establecer que el constructor y el interventor no verificaron las condiciones de presión, con las que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias viabilizó y certificó la disponibilidad del servicio.

Adicional a ello comprobaron que el contratista de obra y el interventor tenían conocimiento de las deficiencias de presión en el suministro del agua potable, dado que habían realizado una prueba piloto en condiciones no convencionales de suministro del líquido.

Dicha prueba, que se llevó a cabo a altas horas de la noche y con restricción del suministro de agua en las zonas aledañas, arrojó como resultado que al realizar la conexión de las redes hidráulicas a la red de acueducto municipal, el agua no se elevaba hasta los tanques ubicados en la cubierta de las torres.

Pese a ello el contratista de obra, con el consentimiento de la interventoría, decidió continuar con la ejecución del proyecto sin adoptar alguna medida correctiva, ni preventiva que garantizara la entrega de las viviendas a la población vulnerable beneficiaria, en condiciones dignas de habitabilidad.

La Contraloría General de la República configuró el hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por el valor del proyecto (12 004 millones de pesos).

Daños por $15.458 millones de pesos en el proyecto del Coliseo Alan Jara Urzola

Otro de los proyectos objeto de auditoría por parte de la CGR es el mejoramiento del Coliseo Alan Jara Urzola en el municipio de Granada, por el valor total de 16 409 millones de pesos, de los cuales 14 573 millones provienen del Sistema General de Regalías.

El contrato de obra 005 de 2015 tenía un plazo inicial de ejecución de 9 meses, luego de transcurridos 47 meses desde el inicio del contrato, la obra no ha sido finalizada con todos los requerimientos exigidos técnicamente, ni entregada a la administración municipal, ni mucho menos puesta a disposición de la población beneficiaria.

Como resultado de la auditoría adelantada, la Contraloría General presentó observaciones relacionadas con fallas en la planeación, retrasos en la ejecución de los contratos de obra y de interventoría, deficiencias en la ejecución de las actividades contratadas según los requerimientos técnicos, jurídicos y económicos que exige este tipo de construcción, y una gestión fiscal deficiente y antieconómica.

El organismo de control llama especial atención sobre la ausencia de las certificaciones Retie (Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas), y Retilap (Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público), que son requisitos sine qua non para la puesta en funcionamiento del bien público.

Por lo anterior la entidad configuró la observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 15 458 millones de pesos.

No se cumplió el compromiso para reactivar obras con problemas de ejecución

Mediante la estrategia de control fiscal participativo de la Contraloría General de la República “Compromiso Colombia”, se buscó facilitar en el 2019 la consecución de las metas trazadas para el proyecto de construcción de la Torre Mirador en el municipio de Puerto López, que ha demandado la inversión de 16 568 millones de pesos, entre obra e interventoría.

Esa infraestructura turística llevaba 2 años y 7 meses de retraso en su ejecución, cuando se suscribió la estrategia implementada por la CGR.

El compromiso adquirido por el Instituto de Turismo del Meta era la finalización de la obra contratada en las mejores condiciones de calidad, la entrega oportuna de la infraestructura por parte del contratista y la garantía de su operación y puesta en funcionamiento.

A pesar de la gestión adelantada por parte la CGR, y el compromiso asumido por la entidad contratante, ésta incumplió.

Aunque han transcurrido aproximadamente 12 meses desde la firma del Compromiso Colombia, el organismo de control evidenció que no se han llevado a cabo las acciones suficientes que conduzcan a la entrega efectiva del complejo turístico por parte del contratista Consorcio Matapalo.

Adicionalmente el Instituto de Turismo del Meta no cuenta con operador designado para la administración y puesta en funcionamiento del complejo turístico. Por eso se configuró el hallazgo con posibles incidencias disciplinaria y fiscal por valor de 16 180 millones de pesos.

Más incumplimientos

Similar situación se presentó en el municipio de Puerto Gaitán, donde se incumplió la estrategia Compromiso Colombia suscrita para los proyectos pertenecientes al sector Vivienda, Desarrollo Urbano, Agua Potable y Saneamiento Básico.

Uno de los proyectos tiene como objetivo la ampliación del sistema de acueducto y alcantarillado en el municipio, con la inversión de recursos del orden de 76 501 millones de pesos, en obras que iniciaron el 6 de septiembre de 2016.

Y el otro proyecto consiste en la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR segunda etapa, que beneficiaría a la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, con la inversión de 16 004 millones de pesos, en obras que iniciaron el 6 de marzo de 2018.

Ambos proyectos presentan retrasos prolongados en sus ejecuciones, y pese a haber trascurrido más de 1 año desde la firma del respectivo compromiso, continúan adicionándose en tiempo y recursos los contratos mediante los cuales se lleva a cabo las obras.

De la inversión de recursos en dichos proyectos se establecieron 3 hallazgos administrativos con posible incidencia fiscal por valor de 9 373 millones de pesos, configurados por los mayores valores reconocidos en ejecución de ítems contractuales por acarreos de material y sub-bases.