No privatizar la Electrificadora del Meta, pidió la senadora Maritza Martínez

Por:  Edgar Alfonso Aroca Campo

Dos cartas radicó la senadora Maritza Martínez Aristizábal (Patido de la U) al presidente de Colombia, Iván Duque Márquez y el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla Barrera, donde sugirió que las acciones del Gobierno Nacional en la Electrificadora del Meta (EMSA), se la vendan a la gobernación de este departamento antes que privilegiar a un actor privado.

La EMSA es una sociedad por acciones de carácter mixto, donde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía es dueña del 55,675% de la participación accionaria, seguido de la Gobernación del Meta con 26,150%, Empresa de Energía de Bogotá, 16,225%; también están las alcaldías de Villavicencio con el 1% y San Martín 0,475% y finalmente la Federación Nacional de Cafeteros con 0,475%.

Desde hace un par de años el presidente Duque anunció la enajenación de activos estratégicos de la Nación, en la jugada que es considerada la forma como el gobierno venderá sus activos a empresas del mismo gobierno, para poder financiarse y tratar de tapar el déficit fiscal.

Los casos más sonados son el acuerdo firmado por Ecopetrol para quedarse con la mayoría accionaria de la empresa transportadora de energía Interconexión Eléctrica S. A. (ISA); la autorización para vender otro 7% de Ecopetrol y la entrega de las acciones que tiene en la generadora de energía Isagen, entre otros.

El ministro Carrasquilla Barrera en varios escenarios ha dicho que no venderán sus activos estratégicos, por eso los objetivos serían las empresas donde tienen menos del 49% o donde no tienen el control mayoritario.

Pese a lo anterior persiste el mensaje del gobierno Duque de querer deshacerse del 55% que tienen en la Electrificadora del Meta, por eso Maritza Martínez les dijo que tengan en cuenta que la Gobernación del Meta ha expresado el interés de adquirir esas acciones, donde sustituirá al Gobierno Nacional como accionista mayoritario.

La senadora insistió que la EMSA debe conservar su naturaleza pública, toda vez que los criterios de decisión que rijan la gestión deben orientarse primordialmente por el bien común, y mejorar la calidad de vida de los metenses, pero bajo la administración de algún privado que va guiado por el ánimo de lucro, difícilmente se constituirán en prioridad al momento de definir el plan de acción de la empresa.

“Es cierto que la EMSA debe mejorar algunas condiciones en materia de prestación del servicio y seguir avanzando en la garantía universal en lo que respecta a cobertura de energía eléctrica. Sin embargo, estoy convencida de que el camino para dar solución efectiva a estas situaciones no puede ser la privatización”.

La Electrificadora del Meta aunque ha hecho los mayores esfuerzos por prestar con eficiencia el servicio de energía para los habitantes de este departamento, en el último decenio ha sido muy criticada por la falta de renovación de redes, todavía persisten las suspensiones diarias sea en área rural o urbana de los municipios, y ha estado vinculada a varios escándalos porque el Gobierno Nacional se la entrega a congresistas como cuota burocrática para que la manejen a su antojo. En cuento a sanciones sólo por recordar lo decidido en 2020 por la Superintendencia de Servicios Públicos, la EMSA tuvo que pagar 496 millones de pesos por haber fallado en la prestación del servicio público domiciliario de energía a 23.081 usuarios (Resolución 24065), y otra escandalosa por cerca de 6.000 millones de pesos debido que aplicó incorrectamente el índice de pérdidas, realizó un incorrecto ajuste anual del porcentaje de administración, operación y mantenimiento, liquidó de forma incorrecta sus Índices Agrupados de la Discontinuidad y no aplicó el Incentivo por Variación Trimestral de la Calidad (Resolución 12295, pág. 11)

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