¿Qué tan probable es que Iván Duque vaya a la cárcel?

La Fundación Internacional de Derechos Humanos (FDIH) solicitó, por medio de un comunicado, el arresto contra el actual presidente de Colombia, Iván Duque; los ministros de Defensa y de Justicia; y otros actores más por violaciones a los DD.HH en el marco del Paro Nacional. NoticiasDeVillavicencio.Com indagó sobre la facultades de la organización y las posibilidades de que esto llegara a ocurrir

“Solicitamos a todas las autoridades, nacionales y extranjeras, especialmente a la Rama Judicial y Fuerza Pública adscrita a su servicio, el arresto del presidente de la República de Colombia, señor Iván Duque Márquez; del ministro de Defensa, señor Diego Molano; del ministro de Justicia y del Derecho, señor Wilson Ruiz; del director general de la Policía de Colombia, señor Jorge Luis Vargas Valencia; y del subdirector general de la Policía de Colombia, señor Hoover Alfredo Pinilla Romero,  para su inmediata puesta a disposición de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, de modo que cesen en las violaciones de derechos humanos, se reduzca su riesgo de fuga y la posibilidad de que puedan destruir pruebas de sus actividades”.

De esta forma lo expresa el comunicado de la FIDH en sus primeras líneas. No obstante ¿qué tanto impacto tiene esta fundación para solicitar a la comunidad internacional el arresto de estos actores?

Hugo Orlando Velásquez, abogado de la Universidad Externado de Colombia y exrepresentante a la Cámara por el Meta en el periodo 2010-2014, dijo a Noticias de Villavicencio que esta ONG “le asiste todo el derecho” a realizar esta solicitud judicial ante la vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

“La Corte de Justicia Internacional podría, en un momento determinado, iniciar una investigación contra el presidente Duque, contra el ministro de Defensa porque es innegable que en Colombia están ocurriendo delitos de lesa humanidad, delitos que tienen que ver con el DIH (…) de los cuales tiene que responder el Presidente de la República en su condición de jefe de Estado,  jefe de gobierno pero también como comandante supremo de las Fuerzas Armadas”, aseguró.

De igual forma, Velásquez explicó que hay dos entes que pueden iniciar las investigaciones: la Corte Penal Internacional, la cual tendría que adelantar la búsqueda de pruebas a través de indagaciones, entrevistas a las víctimas inspecciones judiciales, revisión de videos y material probatorio o dado el caso, solicitarlas; y finalmente,  la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes que, según una cláusula de la justicia internacional, por ser un organismo del Estado, debe tomar las cartas sobre el asunto en primera instancia.  No obstante, para el abogado es “altamente improbable” que la Comisión tome alguna decisión que tenga que ver con el mandatario nacional y claro está, con su cartera.  Es por ende que, sino no se hace justicia desde el Estado colombiano, la Corte Penal Internacional asume la tarea investigativa con la que se podría llegar a un enjuiciamiento.

 De otro lado, hablamos con un experto en derechos humanos en Antioquia, quien solicitó no revelar su nombre y esto fue lo que nos dijo:

“La Fundación (…) no tienen ningún carácter jurídico, es más un mecanismo simbólico (…) Desde el punto de vista jurídico, judicial, penal esa (solicitud) no tiene ninguna implicación, es más un mecanismo simbólico moral”.

Asimismo, afirmó que no hay la menor probabilidad de que el presidente, llegase a ser judicializado. “La verdad es que estamos muy lejos de cualquier decisión de tipo jurídica en la situación de derechos humanos en Colombia”, debido a que, para él, la Corte Penal Internacional ha sido cuestionada precisamente por su bajo nivel de eficacia durante varios años.

En conclusión, para varios expertos, la solicitud de la Fundación Internacional de Derechos Humanos de arrestar al presidente de Colombia, el ministro de Defensa, el ministro de Justicia, el director de la Policía, y el subdirector de la misma, es un hecho difícil de alcanzar, debido a la ineficacia en la justicia colombiana. Pero además, depende de la voluntad política que tenga la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación seria que traiga resultados contundentes. 

Pese a que el comunicado de la organización no tiene mayor impacto jurídico o penal, sí es un llamado claro a la comunidad internacional para ponerle la lupa a las más de 417 denuncias (según el CDIH) que se hicieron durante el Paro Nacional en Colombia, de las cuales el 73% tiene que ver con presuntos abusos de la Fuerza Pública.

Hoy por hoy, se conoce que entes como la Procuraduría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo adelantaron informes investigativos que ya fueron entregados en junio a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH). Adicionalmente, tras la visita de la organización al país, esta logró presentar al gobierno nacional un comunicado con recomendaciones y observaciones, en las que señala la instalación de un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos en Colombia, en la que, precisamente el presidente no estuvo de acuerdo.

Redacción: María Fernanda Guerrero Vélez

Fotografía: NoticiasDeVillavicencio.Com

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