Un fallo judicial para cuidar los ríos de la ciudad, para enfrentar el cambio climático

Por: Irina Salas

Hace más de una década, el senador Iván Cepeda, de la mano de diferentes organizaciones y líderes ambientales, inició una lucha judicial por la protección de zonas de importancia ambiental frente a la minería, que hace poco menos de un mes rindió frutos. En un fallo histórico, el Consejo de Estado ordenó a los Ministerios de Ambiente, Minas y Energía, y a la Agencia Nacional de Minería, identificar las áreas en donde está prohibida o restringida la minería, presentar ante el Congreso modificaciones al Código de Minas, y adelantar planes que permitan corregir diferentes problemáticas del sector.[1]. Tal es la relevancia de la decisión que el Presidente Gustavo Petro manifestó que era un hito para la justicia ambiental en Colombia. Todos los colombianos debemos estar atentos al cumplimiento de esta trascendental sentencia.

En la actual crisis climática y ola invernal por la que atraviesa la ciudad, esta decisión es sumamente importante para nosotros por dos razones: La primera, porque permitirá que en Villavicencio se discuta sobre las zonas en la que no debería estar permitida, o por lo menos restringida, la explotación minera. Un gran porcentaje de nuestros ríos son utilizados para la explotación minera, sin que quienes se benefician de ello cumplan estrictamente con sus obligaciones. A esto debe sumarse los conocidos problemas de desbordamientos en época de invierno.

Prueba de esto son las más recientes lluvias, la más fuerte en los últimos treinta años. Los barrios Villa Suarez, Vencedores, Emanuel, La Aurora, por mencionar algunos, han sido los más golpeados. Todos estos sectores tienen varios elementos en común: su cercanía con el río Guatiquía, la explotación minera a sus alrededores, la notable desarticulación institucional y la falta de control a los proyectos mineros en fase de exploración que han impactado los cauces del rio.

De igual manera, se abrirá la posibilidad a una futura reforma al Código de Minas. Esta debería incluir la obligación de los Concesionarios de acudir junto con las administraciones municipales a buscar soluciones a los principales problemas de gestión del riesgo en las zonas donde tienen influencia. Aunque la minería sea una actividad necesaria para la economía del país, los beneficiarios de los títulos mineros deben ayudar a la protección del medio ambiente. Esperemos que con el nuevo Gobierno y la bancada del Pacto Histórico en el Congreso de la República este tipo de propuestas tengan eco.

Aún estamos a tiempo de evitar daños ambientales irreversibles para las actuales y futuras generaciones. A pesar de la tardanza en la toma de este tipo de fallos, las luchas de los movimientos sociales continúan dando frutos en beneficio de todos los colombianos. Celebro este tipo de decisiones que favorecen a la región y a nuestro país. Espero que contribuya a aliviar la tensión que existe entre la forma en la que se ha orientado el desarrollo económico del país y la protección de nuestro medio ambiente.   


[1] CE. Sala de la Contencioso Administrativo. Sección Primera. Radicado: 25000234100020130245901. CP. Roberto Augusto Serrato Valdés.

Irina Salas: Abogada, especialista y Magister en derecho administrativo. Mujer convencida del cambio, del reconocimiento y la garantía de los derechos a través de las luchas jurídicas y el trabajo social de la mano de las comunidades.

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