Hasta el jueves, todo indicaba que el Tribunal Contencioso Administrativo anularía la elección del diputado Héctor Fabio Vélez conocido como “Mariachi”. Las señales dentro del proceso apuntaban a una decisión adversa para el político, y así lo anticipaban incluso voces cercanas al propio tribunal. Sin embargo, algo cambió de forma súbita.
Entre ese día y hoy, se habría realizado una reunión de la que poco se sabe, pero cuyo efecto fue claro: el fallo dio un giro inesperado y terminó ratificando en el cargo a “Mariachi”. Una decisión que desconcierta, no por el resultado en sí, sino por la manera en que se produjo.
El diputado quedó en firme, pero el Tribunal no. La decisión, tomada en medio de circunstancias poco transparentes, deja un manto de dudas sobre la independencia del proceso. ¿Qué ocurrió en esas horas? ¿Qué presiones o intereses pudieron incidir en el viraje del fallo? ¿Qué tan libre fue realmente la deliberación?
Aunque legalmente se dio por cerrado el caso, políticamente apenas comienza a abrirse otro: el de la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia. Cuando los fallos parecen responder más a dinámicas de poder que a argumentos jurídicos, lo que se erosiona es la credibilidad del Estado de Derecho.
Hoy “Mariachi” celebra, pero el Tribunal queda bajo la lupa. Y el país, una vez más, se enfrenta a una pregunta que ya se ha hecho demasiadas veces: ¿cuánto cuesta un fallo?