El director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, defendió la legalidad del convenio entre la ANT y la SAE, tras la denuncia presentada por el comité de empalme del Gobierno entrante, y aseguró que este mecanismo ha permitido recuperar predios vinculados a estructuras criminales para entregarlos a familias campesinas.
Harman afirmó que los $500.000 millones del convenio funcionan como un fondo de garantía para proteger a los beneficiarios de la Reforma Agraria y no representan un riesgo para el patrimonio público y aseguró que el convenio cuenta con respaldo jurídico, fiscal y constitucional.
“Quieren poner en duda el mecanismo que le quitó tierras a la mafia y se las entregó a los campesinos”, aseguró el director de la ANT, quien reiteró que la entidad colaborará con las investigaciones, pero advirtió que desacreditar el convenio podría afectar la seguridad jurídica de miles de familias campesinas.