La protesta se originó tras la retención de Ana Yiviney Ávila Matías, administradora del acueducto; Diego Fernando Oyola Castillo, presidente de la Junta; y los fontaneros Carlos Andrés López Murillo y Antoine González Restrepo, quienes adelantaban trabajos en el sistema comunitario.
Según la comunidad, el procedimiento estaría relacionado con actuaciones de Cormacarena, pese a que afirman existía comunicación previa donde se indicaba que no se requería permiso para la intervención. Aseguran que fueron conducidos por la Policía sin argumentos claros.
Los habitantes sostienen además que la retención coincide con una asamblea para elegir el tribunal de garantías, lo que, según denuncian, les impediría participar en esa decisión clave para la organización comunitaria.