García, junto a Juan Carlos Medina González y Ana Milena González Blanco, recibió una condena por “infringir el debido proceso sancionatorio de la Ley Ambiental”, al negarse a entregar información dentro de los plazos establecidos. Según el fallo de la Procuraduría, los tres exfuncionarios violaron la normatividad al resolver recursos de reposición fuera de término, afectando los principios de legalidad y transparencia.
Cada uno fue vinculado con dos cargos. En el primero, relacionado con irregularidades en el debido proceso, fueron absueltos. Sin embargo, en el segundo, fueron condenados por su actuación irregular dentro del proceso sancionatorio ambiental.
Como resultado, la Procuraduría ordenó que García y sus compañeros paguen el valor correspondiente a los meses que habrían sido suspendidos si aún estuvieran en sus cargos. Andrés Felipe García, siendo el funcionario con mayor rango dentro del grupo sancionado, recibió la multa más alta:
• Andrés Felipe García Céspedes: $19.904.846
• Juan Carlos Medina González: $13.788.768
• Ana Milena González Blanco: $7.576.290
La sanción reafirma lo que era un secreto a voces: Andrés Felipe García es una pieza clave en la estructura política de Juan Guillermo Zuluaga, un alfil que ha ejecutado órdenes y ha protegido intereses ajenos al bienestar del Meta. No es la primera vez que funcionarios ligados a Zuluaga son investigados o sancionados por irregularidades. Su círculo más cercano sigue cayendo, dejando en evidencia las prácticas que han entorpecido la democracia y el desarrollo del departamento.
Mientras la Procuraduría avanza en su trabajo, queda una pregunta en el aire: ¿Cuántos más de su equipo terminarán enfrentando la justicia?