La Agencia Nacional de Tierras respondió a las afirmaciones de la Contraloría sobre la compra del predio “La Grosería” en Chimichagua, Cesar, aclarando que no hubo irregularidades y que todo el proceso se realizó dentro de la ley.
La ANT explicó que la adquisición del predio fue parte de un acuerdo interinstitucional para evitar un desalojo masivo de familias campesinas y resolver un conflicto social histórico.
Los beneficiarios sí cumplen los requisitos legales: están inscritos en el Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO) y son elegibles para acceso a tierra conforme a la Ley 160.
El predio, además, es productivo y apto para proyectos de Reforma Agraria: cuenta con suelos fértiles, relieve plano y más del 70% del terreno es adecuado para cultivos, pastos y actividades agropecuarias ya iniciadas por las familias.
La compra se realizó mediante oferta voluntaria, avalúo técnico y en cumplimiento de los lineamientos del Fondo de Tierras.
La ANT asegura que, no existe detrimento patrimonial y todas las actuaciones se ajustaron a la normatividad y al objetivo de garantizar derechos campesinos y avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz.
