● El alcalde Alexander Baquero designó como nuevo secretario de Gobierno al coronel (r) Germán Eduardo Ayala Amaya condenado a dos años y once meses de prisión por delitos de corrupción.
Lo que genera mayor controversia en este nombramiento es que Ayala Amaya es un exconvicto, quien pagó 2 años y 11 meses de prisión intramural. La justicia lo condenó por tráfico de influencias de servidor público en concurso con cohecho por dar u ofrecer, en un proceso que adelantó la Fiscalía y fue avalado por un juez penal de circuito de Villavicencio.
La sentencia quedó en firme luego de que el coronel retirado del Ejército aceptara su responsabilidad en los hechos y no se interpusiera ningún recurso de ley. El caso fue llevado por la Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, que en noviembre de 2018 dictó medida de aseguramiento intramuros tanto a Ayala como a la abogada Diana Lorena Saavedra Escobar.
Según la investigación, ambos exigieron el pago de un soborno millonario para entorpecer un proceso de restitución de tierras en el departamento del Meta. El objetivo era impedir que la Finca Zimara, de 2.844 hectáreas ubicada en Cabuyaro, fuera entregada a una víctima del conflicto armado, buscando que quedara en manos de un tercero.
En ese entonces, Ayala se desempeñaba como asesor del Ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga. Cargo desde el cual habría ejercido presión e influencias indebidas para alterar el proceso administrativo en curso. Su actuación fue considerada una violación grave a la transparencia institucional y un atentado contra los derechos de las víctimas.
La llegada de Ayala a la Secretaría de Gobierno ocurre en un contexto delicado para la ciudad. Villavicencio enfrenta una crisis de seguridad, ocupando los primeros lugares a nivel nacional en delitos como hurto a residencias, comercios, personas y extorsión. A esto se suma la percepción de inoperancia de la administración, que tras casi dos años no ha logrado ejecutar obras estructurales, ni contener el deterioro institucional y social.
El nombramiento de un ex convicto por corrupción en un cargo tan estratégico como la Secretaría de Gobierno, genera fuertes cuestionamientos sobre los criterios del alcalde Baquero para conformar su gabinete y su mensaje a la ciudadanía en materia de ética pública, aparte de dejar en entredicho la seguridad de la ciudad.