La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó al exrepresentante a la Cámara por el departamento de Vichada, Gustavo Londoño García, a 66 meses y un día de prisión domiciliaria, tras comprobar que durante su campaña para las elecciones legislativas del 11 de marzo de 2018 ofreció diplomas de bachillerato y cursos del Instituto Petroschool —situado en el barrio Barzal de Villavicencio y utilizado como sede del Centro Democrático— a pobladores del Vichada como incentivo electoral. La Corte lo encontró coautor del delito de corrupción de sufragante, lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por el mismo período y le impuso una multa de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos.
A esta condena se suma otro revés judicial y administrativo: la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ordenó el desalojo y recuperación de la finca “Buenavista”, de más de 6.000 hectáreas ubicadas en el municipio de La Primavera, Vichada, que había sido adquirida de manera irregular por Londoño y Nicolás Laserna Serna, primo de la senadora Paloma Valencia. Según la entidad, se hallaron inconsistencias en los documentos legales que acreditaban la propiedad, lo que permitía establecer que se trataba de tierras baldías, es decir, de dominio del Estado. El predio, incluso más extenso que la reconocida Hacienda Nápoles en Antioquia, será destinado a familias campesinas de la región como parte de los procesos de redistribución de tierras que impulsa el Gobierno.
Las investigaciones revelaron que la adjudicación de la finca se realizó mediante un fallo viciado del Juzgado Promisorio del Circuito de Puerto Carreño en 2017, que desconoció la condición de baldío del terreno. Una tutela presentada por la ANT permitió declarar nulo ese proceso y en diciembre de 2023 se expidió un informe técnico jurídico que determinaron la ocupación indebida del predio. Además, se descubrieron inconsistencias en el registro de impuestos y en la documentación aportada, lo que confirmaba que los beneficiarios superaban los límites patrimoniales permitidos para acceder a tierras de reforma agraria.
El predio contaba con infraestructura agropecuaria: alrededor de 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas, pastos mejorados y fuentes hídricas como la quebrada La Bomba y el río Gavilán. En 2019, una investigación periodística de la Liga Contra el Silencio ya había advertido sobre posibles irregularidades en la actuación de la juez que falló a favor de Londoño y Laserna, motivo por el cual se compulsaron copias para indagar responsabilidades penales. La Corte Constitucional ha reiterado, en sentencias como la T-488 de 2014, que ningún juez puede permitir la prescripción adquisitiva sobre tierras baldías, pues solo la ANT está facultada para adjudicarlas a campesinos sin tierra. En las próximas semanas está previsto el desalojo, que contará con el acompañamiento de las autoridades competentes, incluso de la Fuerza Pública si es necesario, para garantizar la restitución de estas tierras al Estado y su entrega a familias campesinas que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente.