La comunidad menonita asentada en Puerto Gaitán, Meta, está en la mira de la Fiscalía:
Deforestaron 110 hectáreas, lo que equivale a 65 canchas de fútbol.
Construyeron puentes que invaden humedales y caños.
Algunos predios fueron comprados a narcotraficantes.
Hoy, buscan un principio de oportunidad para evitar condena. Su propuesta de reparación incluye talleres, vallas y limpieza, pero todo depende de que Cormacarena apruebe las acciones.
La pregunta es: ¿basta con estas medidas para reparar los graves delitos ambientales?