Tuve la oportunidad de conocer esta maravillosa mujer en el año 2015 en medio de una jornada de bienestar animal que realizábamos con amigos, época en la que comprendí que quienes se dedican a esta labor tan altruista perciben cuán importante resulta la inversión de recursos del Estado en materia de protección y bienestar animal.
A partir de la Constitución Política de 1991 se logran los mayores avances en defensa de los animales no humanos, en razón al deber constitucional que reviste la obligación de proteger la diversidad e integridad del ambiente en cabeza del Estado, lo cual es extensible hacia los animales no humanos por el carácter ecológico que contempla la protección específica de la flora y la fauna1 en Colombia.
Indiscutiblemente el desarrollo jurisprudencial, el incremento en los casos de maltrato y la lucha incansable de diferentes actores políticos y sociales por la defensa de los animales no humanos, contribuyeron al surgimiento de la Ley 1774 de 2016 y con ella grandes resultados, como la tipificación del maltrato animal como delito; la denominación de los animales como seres sintientes; la responsabilidad del estado en tomar parte activa en la prevención y eliminación del maltrato y la necesidad de crear escuadrones, grupos o equipos interinstitucionales encargados de atender y verificar las diferentes denuncias ciudadanas.
Pese a los grandes avances normativos, persisten dificultades en algunos aspectos, como es el caso de los animales domésticos de compañía donde las entidades territoriales juegan un papel fundamental, pero son los rescatistas y proteccionistas quienes continúan en la interminable tarea de asumir la carga que le pertenece al Estado, por la falta de infraestructura para albergar a todos los animales de estas especies y la escasa participación de las autoridades locales a la hora de actuar bajo sus competencias.Así las cosas, existe una confrontación constante entre la regulación normativa y la dificultad de materializarla debido a los diferentes desafíos presupuestales, administrativos y la falta de voluntad política.
Desde el Estatuto Nacional de Protección hacia los Animales2 y el Código Nacional de Tránsito, se mencionaba la necesidad de contar con depósitos en donde se pudieran albergar los animales en situación de abandono o que se encontraran deambulando en las vías y debido a que los animales eran considerados cosas3, este lugar recibió por mucho tiempo el nombre de “coso municipal”. Sin embargo, tras el reconocimiento de la calidad de seres sintientes desde el año 2016 el legislador expidió la Ley 2054 de 2020 por medio de la cual incorporó en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana la necesidad de crear un lugar seguro llamado albergue o centro de bienestar animal para animales domésticos de compañía, de acuerdo con la capacidad financiera de las entidades y a su vez impuso la obligación a los municipios de primera categoría, como Villavicencio, de implementarlos dentro de los 3 años siguientes
a la entrada en vigencia de la citada norma.
Es así como, durante el cuatrienio 2020-2024 en la capital del Meta se rompió la “tradición” de los últimos gobiernos de turno de celebrar contratos para la prestación del servicio de hogar de paso o albergue temporal, lo cual generó indignación y rechazo en algunos sectores de la ciudad debido a la continua necesidad de trasladar los animales aprehendidos en virtud de las diferentes denuncias que a diario realizaba la comunidad. Es así que, con el ánimo de evitar la interrupción en la atención de casos por falta de un albergue, se creó mediante el Decreto 176 de 2021 la ruta de atención en casos de maltrato animal y el Grupo de Atención Rescate y Recuperación Animal – GARRA, conformado por profesionales en medicina veterinaria y en atención psicosocial, personal de la policía, inspector o corregidor de policía de acuerdo con el lugar de ocurrencia de los hechos y delegados de otras áreas de la administración municipal, quienes se encargaban de articular con los hogares de paso existentes en la ciudad.
Con la existencia del grupo GARRA y la ruta de atención, se garantizaba la disponibilidad y participación interinstitucional de los diferentes actores estratégicos necesarios para la toma
de decisiones. Ahora bien, a estas figuras se le suma que, por primera vez en la historia de Villavicencio, se inició la búsqueda del predio y posterior construcción de lo que hace meses debería ser el centro de bienestar animal, una obra que costó más de 3.500 millones de pesos y años de lucha de quienes por décadas han defendido la vida de los animales.
Hoy la realidad es que nuestro municipio se encuentra en manos de un mandatario que expresaba con indignación la necesidad de recuperar a Villavicencio, que con la supuesta experiencia se obtendrían mejores resultados y ahora se jactan de presumir una ciudad incluyente con el eslogan “Villavo somos todos”, en donde evidentemente no tod@s nos hemos sentido parte de la ecuación. Tienen la posibilidad de inaugurar grandes obras y avanzar en la consecución de derechos, como ocurre con la protección y bienestar animal, pero prefieren seguir dilatando, cambiar sin razón el nombre del grupo GARRA y asumir un papel de aparente cercanía entre el pueblo y la administración a través de fiestas que esconden la falta de articulación entre las diferentes dependencias de la alcaldía y su ineptitud para solucionar los verdaderos problemas de ciudad.
El centro de bienestar animal de Villavicencio fue recibido por la Alcaldía de Alexander Baquero con un 95% de avance físico ejecutado, financiero del 89.9% y se encuentra en suspensión indefinida desde el 2 de febrero de 2024. A la fecha han transcurrido más de 300 días sin que haya sido posible el reinicio de la obra, porque al Alcalde le está quedando grande ordenar su propia administración y dar órdenes que superen los impases administrativos para culminar con ese 5% faltante.
Los y las villavicenses sabemos que el centro de bienestar animal no es la solución definitiva al abandono, la proliferación masiva de animales y el maltrato, pero es una victoria para
una ciudad que requiere atención semanal de casos y cuenta con más de 1.500 animales domésticos de compañía en hogares de paso y albergues.
Los animales no pueden seguir siendo el fortín político que solo es importante en campaña, pero a la hora de concretar cambios reales la decisión aparentemente es “no terminar aquello que no empezó mi gobierno”. Estimado señor4 alcalde, Villavicencio necesita que deje de mirar por el retrovisor y se enfoque en lo que hace falta para concretar una de las obras más importantes con la que también podrá romper el listón, celebrar y enfiestarse de considerarlo necesario.
Los ex son para toda la vida y Baquero debería convertirse en ese exalcalde que puso el centavo para el peso o el 5% para el 100% del centro bienestar animal. Es hora de demostrarle a Villavicencio que la voluntad política hace grandes obras de cemento y deamor por una ciudad y por los animales no humanos.
Abg. Leydi Yiseth Pedraza Parra Especialista en derecho administrativo Experiencia y educación no formal en derecho animal