La pérdida de categoría del Meta ya es un hecho confirmado. Menos recursos, menos autonomía y menos capacidad para gobernar: el cierre proyectado para 2025 fue de $233.000 millones quedando por debajo del umbral legal de $241.996 millones, lo que condena al departamento a pasar de primera a segunda categoría en 2026.
Cuando un departamento baja de categoría, recibe menos recursos y tiene menos margen para ejecutar proyectos. Eso significa menos inversión en salud, educación, infraestructura y programas sociales.
La gobernadora Rafaela Cortés enfrenta ahora el costo político de este retroceso: su administración deberá explicar cómo revertirá la caída, recuperar ingresos y evitar que la región siga debilitándose. Si no hay un cambio de rumbo inmediato, las consecuencias las pagarán los ciudadanos con servicios recortados, proyectos paralizados, dependencia nacional y un Meta que retrocede.