Esta realidad quedó expuesto en el Concejo Municipal de Villavicencio, durante el debate de control político de seguridad al que fue citado la Secretaria de Gobierno y Alta Consejería, la preocupación de los concejales frente a las cifras presentadas por la administración fue evidente.
A la fecha solo se han instalado 11 cámaras de seguridad, las alarmas comunitarias están desconectadas con el Centro de Mando y Control, solo se ha dado apertura un CAI, no se ha hecho inversión en infraestructura y disminuyeron los recursos destinados para el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana y del Observatorio de Análisis de Convivencia y Seguridad
OACYS, herramientas fundamentales para la formulación de estretegias.
Frente a esta situación el concejal Gustavo Basto aseveró que más allá de la falta de planeación para la ejecución de los recursos, es preocupante que los dieneros destinados para la fuerza pública y el centro penitenciario de la ciudad, estan quedando en millonarios contratos.
Según investigación de la Contraloría, en 2024 se celebró un contrato por 110 millones de pesos por tres meses, a un contratista con funciones similares a los del Alto Consejero, encontrando irregularidades, que son una alerta, de como se esta llendo en burocracia el recurso fundamentales para combatir la delincuencia y garantizar la seguridad de los Villavicencences.
Las cifras hablan por si solas y van en aumento en lo que va corrido del año se han presentado 42 homicidios, 2030 hurtos y 103 delitos sexuales, por mencionar algunos de los delitos.
Según el concejal Elkin Zapata, la preocupación de los Villavicenses en temas de seguridad no es solo cuestión de percepción, como lo quiere hacer ver la Alcaldía.