El Gobierno oficializó un recorte a los privilegios del Congreso. A través del Decreto 0030 de 2026, Función Pública determinó que el salario de los congresistas no guarda proporción con los ingresos reales de la mayoría de los colombianos ni con la situación económica del país.
La norma elimina la prima de servicios creada en 2013, cerrando un capítulo de beneficios que por años infló la remuneración de los legisladores y reabre el debate sobre equidad, justicia salarial y responsabilidad con los recursos públicos.