El Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá emitió un fallo a favor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) en el proceso que adelantaba desde el 27 de julio de 2023 la Sociedad Concesionaria Vial Andina SAS (Coviandina), relacionado con el proyecto vial Bogotá–Chirajara–Villavicencio, amparado en el contrato de concesión APP No. 005 de 2015. La concesionaria buscaba que el Gobierno asumiera por completa la responsabilidad en la obtención de pólizas de seguro y la cobertura de riesgos por hechos ajenos o no imputables al concesionario, tras el colapso del Puente Chirajara, cuya construcción y posterior reconstrucción estuvo a cargo de la Concesionaria Vial de los Andes (Coviandes) y del constructor Coninvial.
Coviandina es la encargada de la operación y mantenimiento de la vía Bogotá–Villavicencio, y sus accionistas principales son Episol SAS y Concecol SAS, filiales de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Coviandes y Coninvial también forman parte de la estructura empresarial de Corficolombiana.
El 15 de enero de 2018, durante la construcción del Puente Chirajara, uno de sus pilones colapsó, provocando la muerte de nueve personas. La investigación oficial concluyó que el desplome se debió a una falla de diseño en la pila B, específicamente en la resistencia del tabique y la losa cabezal, que no soportaron las cargas previstas.
Ese hecho dio origen a un arbitraje ante la Cámara de Comercio de Bogotá entre el grupo Gisaico, responsable del diseño y construcción, y Coviandes junto a su contratista Coninvial. En marzo de 2020, el Tribunal Arbitral comunicó que hubo errores de diseño y construcción a carga de Gisaico, y declaró el incumplimiento contractual, ordenando a esta firma indemnizar a Coninvial con 6.000 millones de pesos.
En la disputa más reciente, Coviandina pidió la nulidad de una cláusula contractual que le trasladaba la responsabilidad en la obtención de pólizas y asignación de riesgos. El tribunal rechazó la pretensión, aunque coincidió en que el concesionario no está obligado a reparar daños no cubiertos por seguros cuando la falta de cobertura se deba a una causa extraña. Además, reiteró que cualquier reclamación sobre daños no asegurados debe seguir el procedimiento contractual denominado “Evento Eximente de Responsabilidad”, que contempla la resolución mediante un panel de amigables componentes, expertos designados por ambas partes.
Tras el colapso, el 5 de enero de 2021 la ANI y Coviandes firmaron un acuerdo para diseñar y construir un nuevo puente en un plazo de 32 meses. La obra, que costó 96.000 millones de pesos, fue financiada en su totalidad por Coninvial y se entregó en diciembre de 2023, dos meses antes del plazo estipulado. Sin embargo, el nuevo puente no ha podido entrar en operación por problemas en los túneles de conexión. Coviandes también consideró el costo de la intervención, pagando 7.747 millones de pesos, y realizó dos compensaciones adicionales a la ANI: la primera por 8.353 millones y la segunda por 8.558 millones, debido a la imposibilidad de cumplir los plazos iniciales.
Este laudo arbitral se considera un triunfo institucional para la ANI y el Ministerio de Transporte, ya que reafirma la solidez jurídica de los contratos de concesión y deja claro que el Estado no asumirá riesgos ni responsabilidades que corresponden a los concesionarios, incluso si estos se derivan de hechos externos a su gestión.