A pesar de que el proyecto fue financiado y ejecutado por el Ejecutivo Nacional, la gobernadora del Meta ha intentado proyectarlo como un logro de su administración. Durante la ceremonia, el director general del Invías, Juan Carlos Montenegro Arjona, subrayó que la construcción del viaducto es resultado del esfuerzo conjunto de entidades estatales y reafirmó el compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo vial del país.
La postura de la gobernadora frente a temas de infraestructura y movilidad ha sido objeto de críticas en diversas ocasiones. Durante las protestas de noviembre de 2024 contra los peajes de Puente Amarillo, Ocoa, Iracá y La Libertad, Cortés rechazó los bloqueos y solicitó la intervención de la Fuerza Pública contra los manifestantes, lo que fue interpretado por algunos sectores como un respaldo a las concesionarias viales en detrimento de los intereses de las comunidades afectadas.
Asimismo, en febrero de 2024, la mandataria anunció la destinación de $383.000 millones para intervenir puntos críticos en la vía al Llano, presentándolo como una gestión propia. No obstante, los recursos y la ejecución provinieron directamente del Gobierno Nacional, evidenciando una estrategia recurrente de apropiación de iniciativas en las que su papel ha sido secundario.
Si bien la entrega del viaducto del kilómetro 58 representa un avance crucial para la movilidad y la seguridad en la vía al Llano, es fundamental que el reconocimiento se otorgue a las entidades que realmente impulsaron el proyecto. La infraestructura pública debe responder a las necesidades ciudadanas, sin convertirse en una plataforma de apropiación política por parte de actores locales.