El Gobierno nacional evalúa eliminar la prima especial de servicios que hoy reciben los congresistas, un componente clave de un salario que supera los $50 millones mensuales. La medida se haría vía decreto y significaría un recorte cercano a los $15 millones por parlamentario.
La prima, creada en 2013, está bajo cuestionamiento porque la Corte Constitucional ya ha señalado que este tipo de beneficios no son obligatorios. De concretarse la decisión, se reabriría el debate sobre los altos salarios del Congreso y el ajuste de privilegios frente a la realidad del país.