Hace unos días, un grupo de manifestantes realizó un plantón pacífico en el peaje Pipiral de la vía Villavicencio – Bogotá, y algunos de ellos levantaron la vara para que los ciudadanos no tuvieran que pagarle precios excesivos a la concesión Coviandina para poder transitar al entrar y salir de la capital del Meta.
Sorpresivamente, la reacción de Coviandina fue la de obstruir totalmente el paso por este importante corredor vial que conecta con la capital del país, en pleno inicio del puente festivo.
Para la gobernadora Rafaela Cortés, “bloquear vías y evitar el pago del peaje, perjudica a los habitantes de nuestros municipios y a los viajeros, y no tiene justificación alguna. Como gobernadora, no puedo permitir estas acciones alejadas de la ley y que perjudican a tantas personas que viven del turismo y del comercio”, dijo, refiriéndose a los ciudadanos y no a la empresa que les cobra.
Luego de los pronunciamientos de Cortés Zambrano, los comentarios no cesaron a través de redes sociales, donde la gente de a pie aseguraba que los manifestantes no habían realizado ningún bloqueo en la vía.
“Nadie está bloqueando nada, gobernadora. ¿Está del lado del pueblo, o del lado de algunos ricos que siguen llenándose los bolsillos a costa del pueblo? Por más de 30 años se han pagado esas obras… y no han avanzado ni un 30%”, afirmaron.
Algunos ciudadanos hacen hoy un llamado a los gobiernos departamental y municipal para que se evite la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, antiguo ESMAD de la Policía Metropolitana de Villavicencio, que llegó a la zona sin privilegiar el diálogo y los intereses del pueblo.
Por su parte, habitantes de las comunas 8 y 9 de Villavicencio también se encuentran muy molestos con el gobierno departamental por la inundación registrada en días pasados sobre la vía que comunica a Montecarlo con Ciudad Porfía, y exigen que la obra de la doble calzada sea concluida porque, al parecer, Sergio Múñoz, cuñado del ex gobernador Juan Guillermo Zuluaga y gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta, adicionó cerca de 38 mil millones de pesos a ese contrato.