El senador Alexander López visitó la obra en noviembre del año pasado y reportó que solo se había completado un 72% del proyecto. Sin embargo, las obras han estado detenidas por presuntos problemas administrativos, como la falta de pago a los contratistas y la utilización de recursos en predios privados, lo que podría configurar un caso de detrimento patrimonial. Actualmente, se habla de la necesidad de una adición presupuestal de cerca de 5.000 millones de pesos, luego de que el costo del proyecto aumentara progresivamente desde 20.000 hasta 40.000 millones de pesos.
Uno de los nombres que resuena en esta polémica es el de Héctor Castro Rey, señalado por dejar inconcluso un acueducto en Villavicencio y vinculado a diversas irregularidades en la administración de recursos públicos. En su momento, Juan Guillermo Zuluaga, exgobernador del Meta, lo habría respaldado en la gestión de estos proyectos, a pesar de su historial de cuestionamientos. No es de extrañar que bajo su mandato los contratos estuvieran plagados de corrupción y negligencia.
Por si fuera poco, la actual gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y el alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, han demostrado que la incompetencia no tiene límites. A pesar de las denuncias, la crisis del agua sigue sin resolverse, y estos dos personajes parecen más preocupados por posar en redes sociales que por solucionar el problema. Villavicencio sigue sufriendo por la falta de un servicio básico, mientras ellos se cruzan de brazos sin hacer absolutamente nada para cambiar la situación.
El exconcejal del municipio de Cumaral, Jerson López, también ha advertido sobre fallas estructurales en el proyecto desde sus inicios. Indicó que el Departamento Nacional de Planeación identificó una serie de irregularidades que podrían comprometer la estabilidad y la vida útil de la obra. Además, denunció que la ejecución del proyecto comenzó sin contar con la totalidad de los predios necesarios, lo que ha generado conflictos adicionales.
La comunidad de Cumaral y Villavicencio lleva más de quince años esperando una solución definitiva al problema del suministro de agua potable. No pueden seguir siendo víctimas de la mala administración de los recursos públicos ni del descaro de sus gobernantes, que han demostrado ser incapaces de gestionar algo tan básico como el derecho al agua.