Uno de los casos más graves en el Meta es el mejoramiento de la vía Catama – Caños Negros – Ruta 40, ejecutado por la Agencia para la Infraestructura del Meta (AIM), donde ya se han pagado $13,8 mil millones, pero la obra presenta riesgo de colapso estructural y no se han implementado medidas de mitigación. A esto se suma la construcción de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) en Cumaral, con $38,3 mil millones invertidos, pero serias deficiencias en su proceso constructivo que ponen en riesgo su funcionalidad y vida útil.
Las cifras reveladas por el DNP dejan en evidencia la falta de control y transparencia en la gestión de los recursos. De los 157.563 contratos firmados en el país, el 35% se adjudicó de manera directa y solo el 7% mediante licitación pública, abriendo la puerta a sobrecostos, pagos injustificados y proyectos abandonados. En el Meta, esto se traduce en obras inconclusas y millonarios recursos que, en lugar de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, terminan en el limbo de la corrupción.
La gobernadora Rafaela Cortés no ha emitido un pronunciamiento contundente sobre estas denuncias, a pesar de que el Meta figura entre los principales departamentos con proyectos financiados por regalías. El silencio de la administración departamental genera más dudas que certezas sobre el manejo de estos fondos y deja en evidencia la falta de control efectivo sobre los proyectos que deberían impulsar el desarrollo de la región.
Mientras tanto, el DNP anunció medidas para intentar frenar esta crisis, incluyendo la suspensión de $3,3 billones en giros y la apertura de procedimientos de control a más de 2.800 proyectos. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿Quién responderá por los millones de pesos que ya fueron invertidos en proyectos fallidos en el Meta?
La ciudadanía afectada directamente con la mala ejecución de las obras exigen claridad sobre el destino de estos recursos y, sobre todo, responsabilidad política y administrativa para garantizar que el Meta no siga siendo un epicentro de irregularidades en la ejecución de las regalías.